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Pese a imagen dañada, tiene Ejército credibilidad

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Pese a imagen dañada, tiene Ejército credibilidad

Mensaje por seals el 18/2/2013, 10:44 am

Distrito Federal.- En el marco de la celebración de su día, el próximo 19 de febrero, el Ejército Mexicano conserva una alta credibilidad entre los mexicanos, a pesar de tener una imagen desgastada en materia de derechos humanos por las violaciones cometidas en contra de civiles, derivadas de la guerra emprendida por el ex presidente Felipe Calderón en contra del narcotráfico y del crimen organizado.

En una encuesta realizada en julio pasado por la empresa Parametría acerca de la confianza en las instituciones mexicanas, se observó que aquellas con una mejor evaluación fueron: amigos y familiares, Marina, Ejército, maestros, la Iglesia católica, sacerdotes, los funcionarios de casilla y la Presidencia de la República, “la mayoría de ellas con una fuerte carga simbólica”. En este caso, el 75 por ciento de los entrevistados aseguró que le inspiraba “mucho o algo” de confianza el Ejército.

A pesar de ello, otro análisis realizado por Consulta Mitofsky en marzo del mismo año, advirtió que “en cinco años el número de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del personal del Ejército y la Marina aumentó 931.3 por ciento y 1,962.5 por ciento, respectivamente”.

Por ello, en la Décima primer Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, elaborada en noviembre de 2012, al cuestionar el uso del Ejército para combatir el crimen organizado, a pesar de que durante todo el sexenio fue mayoritario el porcentaje que creyó que es correcto, se observó que este porcentaje bajó 15 puntos porcentuales (84% a 69%) y que año con año crecía el porcentaje de respuestas “incorrecto” que iniciaron con 9% y finalizó en 25%

Por regiones, se explicó en ese entonces, el norte, donde se presenta más temor al delito y más desconfianza a la policía, es precisamente donde más consideran correcto usar al ejército; en cambio el centro del país, la región más crítica al éxito de la estrategia del actual gobierno, es donde menor acuerdo con usar el ejército se tiene.

“Estos elementos nos sirven para determinar o cuestionarnos si las prioridades de las instituciones son la investigación, detención, procesamiento y sanción de presuntos delincuentes bajo un principio de respeto a los derechos humanos, como lo determina un Estado de Derecho o una actuación distinta bajo la premisa de la ‘eliminación del enemigo’”, cuestionaba en ese entonces tanto la encuestadora como la organización México Unido contra la Delincuencia, quien también participó en la elaboración de la encuesta.

En tanto, en su reporte anual de 2013, capítulo México, la organización internacional Human Rights Watch (HRW), advirtió que en este país “en el marco de sus actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos”.

Entre enero de 2007 y mediados de noviembre de 2012, resaltó la organización, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México emitió informes detallados sobre 109 casos en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos, y recibió denuncias de 7 mil 350 abusos militares.

“Una de las principales causas por las cuales se repiten los abusos militares es que los soldados que los cometen casi nunca responden ante la justicia. Esto se debe en gran medida a que los casos siguen siendo investigados en el sistema de justicia militar. La Procuraduría General de Justicia Militar inició casi 5 mil investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles entre enero de 2007 y abril de 2012, y durante este período los jueces militares condenaron solamente a 38 militares por violaciones de derechos humanos”, se advirtió.

Fue en este marco que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acotara, en agosto de 2012, el fuero militar a aquellos elementos castrenses que hubieran cometido un delito en el que se vieran afectados los derechos humanos de uno o más civiles, por lo que en este supuesto se dictó jurisprudencia para que fueran juzgados por el fuero federal.

La resolución se dio al revisar el caso del joven morelense Jethro Ramsés Sánchez Santana, quien desapareció en mayo de 2011 y fue encontrado muerto presuntamente por la tortura que se le infringió por parte de militares, por lo que siete magistrados del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación coincidieron en que el fuero de guerra debe ser interpretado de manera restrictiva.

El ministro Arturo Zaldivar explicó en aquel entonces, que la resolución avalada por la mayoría de los integrantes de la SCJN, iba en consonancia con lo establecido un año atrás en el caso del activista Rosendo Radilla, detenido ilegalmente y desaparecido en un retén militar en el estado de Guerrero, en 1974, y la sentencia sobre el asunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando el máximo tribunal determinó, de manera unánime, que “todos los jueces del Estado mexicano deben replicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco y en aplicación del artículo 1 constitucional”, es decir, que los delitos en los que se viera afectada la ciudadanía debían ser procesados en juzgados civiles.

Sin embargo, HRW advirtió que “no obstante, los distintos proyectos legislativos de reforma del Código de Justicia Militar que están siendo impulsados en el Congreso encontraron una férrea resistencia. El Ejército ha manifestado que continuará ejerciendo jurisdicción respecto de casos de presuntos abusos hasta que se reforme el código de justicia”. (Martha Elba Figueroa/El Diario/Corresponsal)



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